INTRODUCCION Desde 1981 el Estado determinó terminar con las trece Leyes y 27 Decretos Supremos que regían y normaban las condiciones y relaciones laborales de los trabajadores portuarios, entendiendo que era la única forma de introducir el modelo neoliberal en nuestro país. La visión de la Dictadura Militar era no solamente terminar con los beneficios logrados históricamente por los trabajadores, sino colocar en marcha  la desintegración de Emporchi,  cuestión que no fue posible sólo hasta el año 1997 con la  Ley 19.542,  que creo las diez empresas autónomas del Estado, con el patrimonio que era de todos los chilenos.  Los  costos para el Estado  han ascendido, en el año 1981,  a un total de 50 millones de dólares,  la liquidación de Emporchi por 84 millones de dólares, y más 60 millones de dólares para las indemnizaciones del sector privado.

Los procesos, en general, han significado grandes ganancias para los empresarios, en desmedro de los sueldos y remuneraciones de los trabajadores,  lo que ha provocado que, año a año, se agudicen los conflictos. Ante esto, lo que el Estado ha podido solucionar tan sólo lo ha hecho a través del mecanismo de compensaciones e indemnizaciones, sin resolver el tema central que tiene que ver, según nuestra opinión, con la regulación y normativas que quedan pendientes de aquello que prometieron en el artículo 50 de la Ley 19.542.Hoy nos enfrentamos ante una nueva “fase de modernización portuaria” – según nuestra opinión privatizadora - y que otra vez coloca en discusión cuál es la mejor fórmula de resolver, de una vez por todas, los problemas pendientes no sólo de la competencia, sino que de la relación capital/trabajo. Pero, además, creemos que esta discusión debe apuntar a resolver: un plan general de desarrollo estratégico portuario, una Ley general de puertos y la creación de una Superintendencia que se preocupe de dar cumplimiento a las Leyes y Normas que el Estado deba fijar para el desarrollo  y crecimiento de la industria portuaria.  A partir de esto es que proponemos avanzar con criterios de discusión en 4 ideas centrales: 

1.    Intervención del Estado en el desarrollo  y crecimiento de la industria Portuaria.

2.    La relación ciudad puerto y los beneficios que necesariamente debe recibir por las riquezas generadas.

3.    Regulación de las normas laborales y el acceso a un trabajo digno con remuneraciones justas.

4.    Desvinculación de los trabajadores en edad de hacerlo.

 1.- Intervención del Estado en el desarrollo  y crecimiento de la industria Portuaria. En 1997 el Estado, con el pretexto de que Chile no contaba con recursos para el crecimiento de la infraestructura portuaria, determinó llamar a licitación a los Puertos de Valparaíso, San Antonio y San Vicente, lo que generó la unificación de los trabajadores en lo que se denominó “Coordinadora de Trabajadores Marítimos Portuarios de Chile” la cual, según nuestra visión crítica, se preocupó fundamentalmente de desvincular a un número cercano a los 1500 trabajadores a través de indemnizaciones y pensiones asistenciales, y que, a pesar de tener la fuerza y la organización, no fue capaz de plantearse proyectos políticos que resolvieran el futuro de  Chile y sus trabajadores respecto de la industria portuaria, dejando como resultado una falta lealtad, inteligencia y coraje para creer en nuestras capacidades.  Hoy, en el 2008, otra vez el Estado pretende, bajo el mismo pretexto que el del año 1997,  seguir con su política de concentración monopólica de la industria portuaria.  Sin embargo, lo que queda claro es que lo que más tiene nuestro país son recursos financieros  para invertir en infraestructura portuaria, decimos esto pues:

•         Los trabajadores poseen cuantiosos recursos en sus fondos de pensiones administrados por las AFP’s, que superan los 100.000 mil millones de dólares, y de los cuales el 80 % se ocupan para la especulación versátil  internacional.

•         El superávit que tiene nuestro país por concepto del alza del cobre exceden los 35 mil millones de dólares, de los cuales el 100% de sus excedentes hoy día están invertidos en los bonos del tesoro norteamericano, que rentan solo un 4% anual. Contradictoriamente, nuestro país, durante más de cuatro décadas ha tenido un crecimiento promedio del  un 5% en su PIB,  es decir, por cada año que  nuestros dineros están en el tesoro norteamericano perdemos un punto de  rentabilidad y, más contradictorio aún es que, la rentabilidad del capital invertido en la compra de los muelles o frentes de atraque, han recuperado su capital en no más de cuatro años, dejando como resultado que en todas las  privatizaciones o concesiones impulsadas por el estado estamos regalando 16 años de ganancia absoluta para el monopolio portuario, representado hoy en Chile por los Grupos Claro, Von appen y, en menor escala pero siendo parte de esta cofradía, el grupo Urenda. A partir de este pequeño resumen es que creemos que se hace necesario que, tanto los excedentes del cobre como los fondos  previsionales de los trabajadores, sean invertidos en la generación de nuestra infraestructura portuaria, para dar cumplimiento a los abultados convenios internacionales que el Estado Chileno ha firmado, ya que esa inversión, según los datos expuestos, renta varias veces más que el 4% que hoy nos entregan los norteamericanos. Además, creemos que es necesario que dichos puertos sean trabajados y explotados bajo el sistema multioperador, lo que significa dar una señal clara y concreta de la necesidad política y estratégica de fortalecer la pequeña y mediana empresa de la industria portuaria, así como también asegurar la demanda constante de mano de obra. Planteamos lo anterior, debido a que es reconocido por Ministerios y Autoridades Políticas que quienes ocupan y dan empleo a la mayor cantidad de trabajadores son las pequeñas y medianas empresas que, entre otras cosas, a partir de 1999 han sufrido una reducción de más de 300 empresas a nivel nacional y, para dejar más claro aún la acción pública del Estado (a través de la Ley 19.542 así como también de la Ley corta de pesca), han generado en nuestras ciudades cesantía estructural, como es el caso de Valparaíso, San Antonio, San Vicente, Coronel y otras.Es claro y no discutible que, si bien es cierto, lo anteriormente expuesto es una visión general política de nuestra parte para el crecimiento y desarrollo de la industria portuaria, falta lo que dice relación con la reglamentación necesaria que debe el ejecutivo y el legislativo crear junto a los trabajadores para transformarnos en países estables en lo social y económico, y así poder competir en los mercados internacionales. Si el Estado no asume este rol, que es primordial  para el país, se corre el serio peligro de que cada año los trabajadores vayan aumentando el grado de agresividad en la lucha para mejorar las condiciones laborales existentes en nuestro país. Nos preocupa de sobre manera que, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, no hayan tenido la capacidad ni la voluntad de resolver esta situación, pero también  tenemos claro que lo anterior no es sólo responsabilidad de ellos, si no que también de nosotros los trabajadores, ya que, siendo mayoría y productores de la riqueza, nos hemos dedicado a elegir, defender y posesionar en altares de poder a quienes nos traicionan cada vez que llega el momento de legislar.   

2.- La relación ciudad puerto y los beneficios que necesariamente debe recibir por las riquezas generadas. Hasta 1981 Emporchi, a pesar de su abultado número de trabajadores, entregaba al estado 50 millones de dólares anuales de ganancia absoluta, y todos entendíamos que  eso debía ser así producto de que regía la idea del estado benefactor. Sin embargo en 1997, por una decisión estatal y bajo un “gobierno democrático”, lo que era de todos los chilenos se transforma en 10 empresas autónomas para que un grupo de “iluminados” administren y se enriquezcan con estos bienes. Hoy, el 87% de los puertos de Chile están entregados a empresas privadas, las que pagan un arriendo – definido mediante complicadas fórmulas – pero que en definitiva significan ningún beneficio para las ciudades que albergan estos puertos. En muchos casos parece hasta ridículo que las patentes que estas empresas pagan al municipio sean menores que las del boliche de la esquina. Además, la ciudad y sus habitantes, deben recibir como contrapartida  la contaminación acústica, la destrucción de sus redes viales, la  polución y, como si esto fuera poco, la intervención grosera de los directorios de estas empresas en el desarrollo y crecimiento de las ciudades, agrediendo su fisonomía e idiosincrasia, atentando y concentrando el comercio minorista y detallista, y no desarrollando las políticas que las leyes de la república destinaron. Por lo tanto, se hace necesario modificar la Ley  19.542, para que los beneficios y las riquezas generadas  por los frentes de atraque y puertos queden para el goce de la ciudad y sus habitantes. Para ser más claro aún, creemos que los puertos de Chile deben transformarse en patrimonio económico  de cada ciudad que los alberga y que, además, cada autoridad comunal elegida popularmente debe ser parte del directorio con derecho a voz y voto, para que exista una concordancia entre la generación de riqueza de esta unidad económica y el crecimiento y desarrollo de la ciudad.  Finalmente, debemos decir que ésta no es una idea nueva, sino que es una fórmula que ya se aplica en países desarrollados del mundo. Por lo tanto, proponemos  a los trabajadores portuarios de nuestro país iniciar conversaciones para organizarse y llevar adelante una gran jornada de movilización nacional, que apunte a revertir la situación actual y que obligue al estado a invertir en nueva infraestructura portuaria, considerándola como un patrimonio económico del municipio para su sustentabilidad. Así también, proponemos que los frentes de atraque ya privatizados entreguen a la ciudad  la totalidad del arriendo que hoy se entrega al estado para construir nuevas carreteras en Santiago. 

3.- Regulación de las normas laborales y del acceso a un trabajo digno con remuneraciones suficientes. Las reglas y normas que regían el trabajo portuario, logradas por nuestros antecesores, eran los siguientes:

•    Ley Nº 10.988/52 Establece Feriado Obreros Marítimos de Bahía
•    Ley Nº 16.372/65 Establece Exclusividad de Trabajo Marítimo para Gremios de Obreros
•    Ley Nº 16.724/67 Establece Exclusividad de Trabajo Marítimo para Gremios de Empleados
•    Ley Nº 17.260/69 Incorpora Nuevos Gremios a la Matrícula
•    Ley Nº 17.816/72 Configura la Oficina de Contratación de Empleados Marítimos
•    D.L. Nº 168/73 Otorga Facultades Extraordinarias en Materia Laboral a la Autoridad Marítima.
•    Ley Nº 18.032/81 Establece Nuevo Sistema Laboral Portuario
•    D.S.(M) Nº 1340/41 Reglamento de Orden Seguridad y Disciplina
•    D.S.(M) Nº 100/48 Reglamento que fija atribuciones Autoridades Marítimas y del Trabajo
•    D.S.(M) Nº 861/58 Establece Comisión Permanente de Empleados Marítimos
•    D.S.(M) Nº 312/65 Establece Reglamento de Contratación Obreros Marítimos
•    D.S.(M) Nº 153/66 Establece Reglamento General de Matrículas
•    D.S.(M) Nº 1.080/67 Establece la Comisión Nacional Marítimo-Portuaria

Estas leyes y decretos supremos se traducían en los siguientes beneficios:

Beneficios que constituían remuneración adicional:
Feriado marítimo    7.46%
Bono de estimulo    5.00%
 

Beneficios Monetarios Directos.
Aporte especial    4.0%
Ayuda escolar    4.15%
Bono del hogar    7.76%
Cuota mortuoria    0.09%
Indemnización por jubilación    0.09%
 

Otros Beneficios
Aporte de Clínica    1.58%
Ayuda Cooperativa    1.14%
Aporte Federación    1.0%
Departamento Beneficios    5.0%
Sede Social    1.37%
Aporte Sindical    1.0%
Fundación de la vivienda    5.0%
Fondo asistencial    1.0%
dirigentes rentados    6.0%
Total de Beneficios    46.68%
  
Los beneficios que recibíamos sumaban un 46.68% por sobre nuestros salarios. Bajo el régimen de los convenios colectivos nacionales – derogados en 1981 por el gobierno militar – desde 1981 a la fecha no hemos sido capaces de reformar o reformular beneficios para nosotros y nuestros asociados, y sólo hemos dedicado a levantarnos como los líderes que no somos. Por lo tanto, entendiendo que sufrimos de una enfermedad llamada miopía, debemos iniciar un proceso de cura que nos permita recuperar,  de acuerdo a  los tiempos, los beneficios que a lo largo de estos años hemos perdido,  buscando con ello la dignidad y el sitial que nos corresponde por ser trabajadores estratégicos en la cadena de producción y los servicios del comercio internacional tanto de nuestro país como el mundo. Hoy, el 80% de los trabajadores de las faenas portuarias es excluido de los beneficios del mercado que tanto alaban los políticos actuales, trabajadores que hoy carecen de la posibilidad de ser aval para sus hijos cuando éstos van a la universidad, de poder pedir un crédito para optar a una vivienda digna, de la obtención de licencias médicas, etc. En resumen podemos asegurar que, el 80% de aquellos que decimos representar, hoy son trabajadores de segunda y tercera clase en nuestro país.  Para graficar algunos datos de lo que hemos perdido a saber:  - Las rentas promedio hombre turno en 1981 eran de 188 dólares,  hoy el promedio es de 45 dólares.-      

    
Los beneficios pagados por el patrón que incrementaban la renta de los trabajadores ascendían a un 46,68% del total, hoy en aquellos que gozan de los contratos permanentes – que representan sólo un pequeño porcentaje – sus beneficios no superan el 16%. Entendiendo los antecedentes entregados es que se hace indispensable la unificación de criterios y visualizar fórmulas que permitan asegurar un trabajo digno y permanente a los trabajadores de nuestra industria, pues el negocio del comercio internacional y la industria portuaria genera siderales ganancias que, gracias a la legislación impuesta por Pinochet y sus seguidores, hoy se distribuye de la forma más grotesca e inhumana que la historia de nuestro país haya conocido. Nuestros mártires y dirigentes antecesores no se sentirían orgullosos de los niveles de explotación que hemos permitido se consoliden en la actualidad. Proponemos la generación de un organismo o empresa bipartito(a), en donde participe la empresa privada y un ente Estatal o Municipal, que venga a regular la relación capital / trabajo, y que entregue a los operadores portuarios el personal necesario para las faenas portuarias, a lo menos en un 90%, entendiendo que cada empresa deberá tener contratado a un 10% de personal de su absoluta confianza. Dicha empresa deberá contratar a los trabajadores en forma permanente, para que terminemos de una vez por todas con los trabajadores de primera, segunda y tercera categoría; pero además, deberemos visualizar un reglamento que permita definir cuadrillas mínimas de seguridad que garantice la vida y la  salud de nuestros asociados, considerando también el  tiempo necesario para disfrutar del cariño y la convivencia con nuestras familias.   Para terminar, creemos que dicho organismo debe ser administrado con la participación de los trabajadores, los cuales serán elegidos democráticamente por sus  pares. 

4.- Desvinculación de los trabajadores en edad de hacerlo. Los trabajadores de la industria portuaria, desde los albores del comercio internacional, han generado miles de millones de dólares que han servido para el crecimiento y desarrollo de nuestro país y,  a partir de 1981, han significado grandes ganancias para empresarios y testaferros del modelo neoliberal. Según datos estadísticos durante el último año, por las manos de nuestros representados han pasado más de 124 mil millones de dólares en exportación e importación, y hoy, al momento de desvincularse de su actividad laboral sólo se les ofrece, producto de la   precariedad de empleo, pensiones que con suerte llegarán $100.000. (cien mil pesos). Su vida laboral al lado de la orilla del mar, ha significado un deterioro de su salud, que en definitiva le permitirá sobrevivir unos pocos años y, del total de su pensión, más del 80% deberá invertirlo en gastos remedio para mitigar discopatias, sorderas, stress, reumatismos y otras enfermedades propias de nuestras faenas. Es claro que, antes de 1981, nuestros viejos se retiraban de la vida laboral dignamente, pero, a partir de esa fecha y con la instauración del Decreto 3500 (AFP), esa situación cambio. Debemos entonces asumir y modificar las actuales fórmulas de desvinculación que hoy nuestros viejos tienen, no solamente por el aporte al desarrollo y crecimiento que han hecho a nuestro país, sino porque además somos estratégicos en nuestras funciones. Aquí recogemos lo que plantea la conferencia episcopal, no sólo en lo referente a los salarios éticos, sino que también en lo que respecta a las jubilaciones éticas,  deberemos sobrepasar las leyes  que el   ejecutivo  mañosamente ha tratado de imponer. Hoy, con el 7% del PIB que el Estado aporta para pensiones, alcanzaría para pensiones – a lo menos – tres veces superiores a las que se entregan como pensión básica.A todo esto sumamos que, no es correcto, ni equitativo, entregar pensiones millonarias a quienes nunca han cotizado por más de 60 UF, nos referimos a los Ministros del Poder Judicial, a los Ministros de Estado, a los Presidentes de la República, a los Oficiales de alto grado de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería, a los cuales se les discrimina positivamente y reciben grandes pensiones, además de millonarias indemnizaciones.   

Conclusiones: En definitiva,  lo que proponemos es iniciar un proceso de unificación criterios en estas cuatro grandes ideas centrales, que nos permitan tener un carta de navegación de todos los trabajadores marítimos y portuarios, pues, más allá de la orgánica que en un  futuro nos demos, es imprescindible albergar nuestras reivindicaciones y propuestas como una sola gran voz fuerte y organizada que permita cambiar el curso de la historia, no solamente desde nuestro reducto como trabajadores marítimos portuarios, sino que junto a los trabajadores de Chile, nuestros iguales. Nuestra fuerza y nuestras luchas deben ser la herencia que dejemos para el futuro, desde nosotros, por nosotros y para nosotros y nuestras familias. Debemos reconocernos como una clase social que no sólo genera riquezas y es mayoritaria en nuestro país, pues desde ese reconocimiento deberemos asumir que tenemos una capacidad  e inteligencia para construir un país más justo, más democrático y más solidario.       

Junio del 2008.-  

            
CONGEMAR                                         
FENATRAPOA