En relación a una entrevista publicada en Mundo Marítimo, titulada  "No es necesario licitar Valparaíso y San Antonio simultáneamente" en la cual Hernán Bravo,  dirigente de una de las federaciones que representan a los trabajadores de las empresas portuarias estatales, vierte declaraciones sobre los procesos de licitaciones portuarias,  agradeceremos a UD. Publicar las siguientes aclaraciones:

Si bien el Sindicato de Trabajadores Luciano Claude (ex Asociación Luciano Claude), antaño concurrió a la formación, y participó activamente, en la FENATRAPORCHI, es necesario aclarar que desde hace algunos años, nuestra organización sindical ya no pertenece a dicha federación, por motivos disímiles, de forma (más que de fondo),  en la estrategia de lucha sindical.

En términos de representatividad sectorial, es importante esta aclaración debido a que, el 74% de los trabajadores de nuestra empresa no pertenece a la federación aludida en vuestra crónica, y, por su parte, el Sindicato Luciano Claude, que participa y lidera hoy otra federación, representa por sí solo al 50% de los trabajadores EPSA.

Respecto de la amenaza de los desordenados procesos de licitación (léase privatización) de los principales activos portuarios de todos los chilenos (San Antonio y Valparaíso), el Sindicato Luciano Claude llama a preocuparse más de la incertidumbre que asola a los centenares de trabajadores que sufrirán los efectos negativos que significa el despojo de su fuente laboral, y de las decenas de pymes que realizan sus actividades en los actuales espigones multioperados, y preocuparse menos de la incertidumbre ("inseguridad") que le provocaría a los grandes inversionistas que pretenden explotar solos el Espigón.
 
Hay que decirlo con todas sus letras: el principal error de parte del Estado en relación a su labor administrativa del sector portuario en Chile, es que ésta devino una mentira o, al menos, una promesa incumplida, puesto que Frei Ruiz – Tagle, durante su mandato, prometió en su Mensaje a la Honorable Cámara de Diputados, que una vez "modernizados" los puertos, se enviaría un proyecto de Ley General de Puertos, la que iba a estar destinada "a precisar normas para el funcionamiento del sector", considerando aspectos tan esenciales como un marco regulatorio, la relación entre el puerto y la ciudad, la coordinación de actividades de los entes públicos, entre otros. El Mensaje del Presidente Frei culminaba diciendo que se trataba de una tarea contemplada en el programa de su Gobierno y que constituía "un compromiso ineludible con el futuro del país". Ese compromiso, fue finalmente eludido puesto que Frei, Lagos y Bachelet no enviaron, ni han enviado este necesario proyecto para ordenar el sector portuario, y han privilegiado avanzar "sin transar" en el proceso privatizador.
 
El desorden existente en el sector, dentro del cual no han faltado los que calculan y pretenden ganancias en este "río revuelto", tiene su base no solo en esta promesa incumplida de los distintos gobiernos de la concertación, también se suma el notable abandono de lo que le corresponde hacer al Ministerio de Trasportes: el Art. 50 de la Ley 19.542 encomienda a dicho Ministerio una serie de tareas en el sistema portuario nacional, entre los cuales destaca "Procurar un desarrollo armónico entre los puertos y la ciudad, cuidando en especial el entorno urbano, las vías de acceso y el medio ambiente". Para cumplir con esta tarea la ley manda expresamente la creación de una instancia de coordinación denominada "Consejo de Coordinación Ciudad Puerto" en la que "tendrán participación, a lo menos, un representante del Gobierno Regional y uno por cada municipalidad" donde se encuentre un puerto. A diez años de promulgada la Ley 19.542 no tenemos conocimiento de el funcionamiento de este organismo.
 
Coincidimos en que los actuales concesionarios invirtieron en infraestructura y tecnología que permitió mejores eficiencias en la transferencia de carga al interior de los puertos, lo cual significó incrementar ganancias a los dueños de las concesiones. Pero, por otro lado, la cesantía en las ciudades puertos ha aumentado en forma alarmante. La precarización del trabajo portuario, provocado por el aumento de la oferta de mano de obra, a lo cual se suma la flexibilidad extrema en la forma de contratación del trabajador portuario, ha derivado en salarios bajos y condiciones ambientales de trabajo más que desmejoradas.
 
En consecuencia, el dilema no se limita tan solo a  "¿licitar Valparaíso y/o San Antonio?" ; se trata de una tarea de Estado a un mayor nivel: no solo se debe revisar el modelo de concesiones, sino que, basados en la voluntad política de terminar con la escandalosa desigualdad de ingresos para devenir en un Chile justo, el Gobierno debe dejar de insistir en poner la carreta delante de los bueyes, y enviar urgentemente una Ley General de Puertos que permita, ordenar la industria portuaria, crear herramientas que permitan controlar los monopolios, asegurando el acceso a las micro, pequeñas y medianas empresas, permitiendo su expansión, modernización y nuevos emprendimientos, asegurando de paso la creación de trabajo decente para todos los trabajadores del sector marítimo portuario.
   
Sindicato de Trabajadores Luciano Claude de la Empresa Portuaria San Antonio