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El sábado 12 de Noviembre el Mercurio de Valparaíso, entregaba un
notición, del cual por lo visto, aparece como normal y correcto, pero
es de una gravedad ética a la cual debemos poner fin, de una vez por
todas.

Es inaceptable que el alcalde de Valparaíso Jorge castro permita que
uno de sus funcionarios, como es el caso del abogado Edgardo Palacios
Angelini, asuma la defensa del mall plaza, suena a lo menos raro y da
cuenta del compromiso de esta administración con el proyecto
inmobiliario y comercial en abierto perjuicio de la actividad
portuaria, a la identidad de nuestra ciudad y a las organizaciones
que nos hemos opuesto a este proyecto por sucio y oscuro.

Es evidente el conflicto de interés que se desnuda donde un
funcionario municipal como es el abogado Edgardo Palacios Angelini
lidera una acción judicial, a favor del Plaza SA. que a nuestro juicio
afecta a la ciudad, en estos casos la prudencia y ética debe primar,
pues en definitiva pareciese, que los Funcionario de la Alcaldía, más
bien parecen trabajadores de Mall Plaza que sin duda alguna, acarreara
costos políticos para el alcalde.

Digamos las cosas por su nombre, aquí hay poderosos intereses que
motivan a que este proyecto salga adelante cueste lo que cueste y
nosotros como trabajadores portuarios no estamos disponibles a aceptar
y esto va mas allá del riesgo que significa para el crecimiento de la
actividad portuaria la construcción del mall y las torres de
departamentos, sino que por las consecuencias sociales y económicas
que tendría para los porteños si el puerto se sigue reduciendo y
perdiendo competitividad como lo viene sufriendo en estos últimos años
a consecuencias de la erradas decisiones de las autoridades que han
administrado la Empresa Portuaria de Valparaíso(EPV) hoy querellados
por fraude al fisco.

Hay que señalar que vamos a poner los antecedentes ante el consejo
municipal y la contraloría, y que sean estas entidades fiscalizadores
la que determinen si la actuación del funcionario municipal trasgrede
la ley y los estatutos a los cuales están afectos los funcionarios
municipales, como es el caso del señor Edgardo Palacios Angelini,
claro que esto no es nuevo, ya en la modificación del plano regulador
de nuestra ciudad, la propuesta de esta no fue precisamente planteada
por el Consejo Municipal

Por otra parte señalar que este tema llegará a hasta las últimas
consecuencias , ya que estamos convencidos que detrás de este proyecto
hay mucha gente involucrada y cuyo único fin no es otro que hacer un
buen negocio, no importando hipotecar el futuro de Valparaíso y por lo
mismo vamos a pedir que todos estos sean citados a los tribunales y se
incauten los computadores y se rastreen los mail, queremos que se
conozca la verdad y que salgan los nombres de todos los que se
prestaron para afectar el patrimonio del fisco y dañar Valparaíso.

Dada esta denuncia lo valido es que Palacios Angelini se aparte del
Municipio, el dicho que de comer a dos cucharas, más que engordar lo
reventara

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Al cumplirse una década de la imposición del sistema de CITs, los resultados son desastrosos. Casi el 50% de las pesquerías comerciales se encuentran sobreexplotadas y otro 18 % esta siendo explotado por sobre sus límites máximos de captura. Para Eduardo Tarifeño, biólogo marino de la Universidad de Chile y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, “en la mayoría de los recursos, especialmente los pelágicos y bentónicos, la situación es de crisis total, con signos de irreversible. Lo que estamos viendo actualmente en las pesquerías nacionales es el resultado de la aplicación de acciones del mal llamado “manejo pesquero” que ha favorecido una explotación comercial excesiva a partir de decisiones de cuotas de pesca, donde han pesado más los aspectos económicos, sociales y políticos, por sobre las recomendaciones científicas".
Por: Isabel Díaz Medina
Tomado de Revista Punto Final
Edición Nº744 del viernes 14 de octubre 2011

Una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por eventual colusión y atentado a la libre competencia fue interpuesta en contra de todos los participantes del acuerdo respecto al fraccionamiento de las cuotas de pesca. Este se logró en el Ministerio de Economía, entre los conglomerados industriales que dominan la actividad pesquera nacional y la dirigencia de la pesca artesanal. Dirigido por el ministro Pablo Longueira, el acuerdo tiene como efecto inmediato bloquear el envío al Parlamento del proyecto que intentaba licitar hasta 50% de las cuotas de pesca. Ellas fueron entregadas gratuitamente por diez años a siete familias que controlan la actividad pesquera industrial, bajo la Ley de Límites Máximos de Captura (LMC), que caduca en diciembre de 2012. (*)

La acción legal fue presentada por el abogado y presidente de la agrupación “Maipo Contigo”, Marcelo Drago, quien explicó que “distribuir cuotas de mercado atenta contra de la libre competencia e impide el ingreso de nuevos actores. Los recursos que le pertenecen al país y a todos los chilenos no pueden distribuirse a medianoche en las oficinas de un Ministerio, sino que de cara al país y a través de una licitación pública”, argumentó.

Esta sonada victoria estratégica de las compañías agrupadas bajo la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y la Asociación de Industrias Pesqueras de la VIII región (Asipes), responsables del actual colapso del 49% de las pesquerías, mientras un 18% restante se encuentran siendo explotadas por sobre sus límites máximos de captura, le permite temporalmente al ministro de Economía disipar la amenaza empresarial de ir a los tribunales acusando al gobierno de Sebastián Piñera de ser objetos de una "expropiación". Con el acuerdo, el gobierno se comprometió a enviar al Congreso en los próximos dos meses un proyecto de ley que regulará a la industria en los próximos veinte años.

El cuestionado acuerdo también recibió el respaldo de ocho ex-subsecretarios de Pesca, además del ex Ministro Jorge Rodríguez Grossi, que fueron reunidos por el Ministro Longueira en Valparaíso. El ex subsecretario Felipe Sandoval (DC), que volvió como "colaborador" del ministro de Economía y del gran empresariado pesquero industrial, tuvo un activo rol en la privatización de los peces durante el gobierno de Lagos, y en el “salvataje salmonero” impulsado en el Gobierno de Bachelet. Otros que se sumaron al apoyo fueron los ex subsecretarios de Pesca de la dictadura militar, Roberto Verdugo y Roberto Cabezas.

El Director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, asegura que “este acuerdo expropiador es la resultante de la colusión entre los regulados del sistema pesquero y es impulsada por el chantaje que están realizando al menos seis conglomerados industriales sobre el Estado. En lo político, este acuerdo es parte de la estrategia populista y corporativista del ministro Longueira, en su lucha por eliminar al sector más liberal de la derecha en el gobierno. Lamentable que a ella se ha sumado la visión miope y oportunista de dirigentes de la pesca artesanal, que han negociado la defensa estratégica de los derechos de acceso y uso al territorio y los recursos de parte de las comunidades costeras y pueblos originales.

En lo inmediato, este espurio acuerdo pesquero busca suplantar la discusión pública que se debe dar en el Parlamento, la que debe dejar en evidencia los desastrosos resultados de diez años de privatización, que han provocado la destrucción de la mitad de las pesquerías chilenas, mas de cuatro mil despidos, hambre, concentración económica, transnacionalización y debilitamiento del sector pesquero artesanal”.

El senador Alejandro Navarro afirma que “aunque el gobierno quiera presentar el acuerdo suscrito en la llamada mesa de trabajo de la pesca como un gran consenso, la verdad es que sólo reproduce la lógica del Consejo Nacional de Pesca y su histórica defensa de intereses. De hecho, los integrantes de la mesa eran todos del CNP. Aunque el ministro Longueira sigue queriendo presentar este acuerdo alcanzado con fórceps como un logro histórico, la verdad es que en la mesa sólo se habló de fraccionamiento, o sea, se repartieron los pocos pescados que quedan”. El senador indicó que “lamentablemente este gobierno, que había partido dando buenas señales en la materia, transparentando las cifras de sobreexplotación que se produjeron durante la última década al alero de una mala ley, como la LMCA, hoy aparece queriendo saltarse las pocas prerrogativas del Parlamento imponiendo la visión de los beneficiarios de la ley, utilizando para ello la presión y nuevamente recurriendo a la pesca de investigación para “facilitar” esos “consensos”, mientras importantes actores del mundo artesanal e industrial no fueron invitados ni escuchados”.

La industria pesquera contó con una representante especial en la mesa de negociación: Beatriz Corbo, abogada, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, quien además es integrante del Consejo Nacional de Pesca. Es hija de Canio Corbo, director de la Pesquera Coloso del Grupo Angelini, un férreo opositor a la licitación de las cuotas de pesca, e impulsor de la tesis de los "derechos históricos" que alegan poseer las grandes empresas sobre el 100% de las cuotas de pesca, obtenidas en forma gratuita el 2002 bajo el gobierno de Ricardo Lagos.

Expropiando el mar chileno
La privatización de la pesquería en 2002 requirió una previa negociación con la oposición de la época, medida que debería ser revisada diez años después. Se impuso el sistema de cuotas individuales transferibles de pesca (CITs), cuyo nombre de fantasía en Chile es “Límite Máximo de Captura por Armador” (LMCA). La discusión de los temas más “complicados”, tales como la licitación de las cuotas de pesca, extensión del sistema de cuotas individuales y la evaluación de la privatización en la conservación de los recursos marinos y generación de empleos estables y de calidad en el sector, se postergaron para el 2012.

Al cumplirse una década de la imposición del sistema de CITs, los resultados son desastrosos. Casi el 50% de las pesquerías comerciales se encuentran sobreexplotadas y otro 18 % esta siendo explotado por sobre sus límites máximos de captura. Para Eduardo Tarifeño, biólogo marino de la Universidad de Chile y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, “en la mayoría de los recursos, especialmente los pelágicos y bentónicos, la situación es de crisis total, con signos de irreversible. Lo que estamos viendo actualmente en las pesquerías nacionales es el resultado de la aplicación de acciones del mal llamado “manejo pesquero” que ha favorecido una explotación comercial excesiva a partir de decisiones de cuotas de pesca, donde han pesado más los aspectos económicos, sociales y políticos, por sobre las recomendaciones científicas de los volúmenes apropiados de extracción para no afectar la conservación de las poblaciones bajo explotación y asegurar la sustentabilidad de la pesquería”.

Ejemplo claro es la excesiva asignación de la cuota anual de pesca fijada para la merluza de cola y la anchoveta durante los últimos diez años, la que superó en 193% y 78,5%, respectivamente, a aquella recomendada por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) para el año 2011. El 2009 se aprobó una cuota para el jurel 87% superior a la recomendada por IFOP.

Juan Carlos Cárdenas asegura que “desde la sola perspectiva de eficiencia económica y de justicia distributiva, no existe justificación alguna para que el Estado siga regalando a seis grandes conglomerados las rentas que derivan de producciones pesqueras que ascienden a más de 1.800 millones de dólares anuales. Esto constituye un premio a quienes son a su vez, los responsables de la lamentable situación que presentan las principales pesquerías chilenas. Por ello, los recursos marinos deben volver a propiedad del Estado, y darnos una nueva política e institucionalidad pesquera democrática, sustentable y equitativa al servicio de la defensa de la biodiversidad acuática, la alimentación nacional, la generación de empleo digno, el fortalecimiento de los derechos de las comunidades costeras y de los pueblos originarios”.

Pesca industrial y artesanal negociaron a puertas cerradas
Las negociaciones del 26 de septiembre sobre los bienes pesqueros pertenecientes a la nación fueron realizadas fuera de toda información y control público. Muchos se preguntas, qué ganó estratégicamente la pesca artesanal en ésta negociación, considerando que los industriales se quedaron con el 90% de la cuota del jurel por los próximos 20 años.

Al respecto, la presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH), Zoila Bustamante, destaca los aumentos que se consiguieron en el fraccionamiento de varias pesquerías importantes. Por ejemplo, en el jurel se pasó de una cuota de un 5% a un 10%, más un 2% adicional por imprevistos (porcentaje de la cuota global que se considera para casos de emergencia). En sardina y anchoveta, en tanto, se pasó de cuotas de un 70% y 56%, respectivamente, a un 78% en ambas especies, a lo que también se suma el 2% para imprevistos. Asimismo, en la merluza austral se logró pasar del 50% de la cuota actual, a un 60%; y en el congrio, donde se tenía una cuota de un 20%, ahora se pasó a un 50%.

Frente a esto, Patricio Melillanca, del Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos de los Pueblos indígenas, vinculado a MapuExpress y a varias organizaciones y comunidades mapuches, afirmó que “el ministro de Economía, Pablo Longueira, y los presidentes del Parlamento, Guido Girardi y Patricio Melero, deben informar a las comunidades indígenas y consultarle respecto a la administración de los recursos marinos. Como pueblos indígenas, y especialmente como pueblo mapuche, reclamamos participación en la elaboración del proyecto de ley de pesca, y por supuesto en el proceso legislativo.

Consideramos que la visión productivista, extractivista y mercantil no da cuenta de los derechos ciudadanos de la sociedad chilena, ni menos del pueblo mapuche. Alertamos que el patrimonio marino, que son en este caso los peces, no se puede privatizar, o entregar de manera gratuita y a perpetuidad a empresarios, los que luego los pueden vender, transar, heredar o negociar en la Bolsa. El derecho consuetudinario y el derecho Internacional dan razón a la participación de los pueblos indígenas en este debate. Por tanto exigimos que el gobierno y el Parlamento consulten e informen a las comunidades y rechazamos esta negociación excluyente y casi secreta, la cual ha sido aceptada por sectores de la pesca artesanal y los empresarios nacionales y multinacionales”, denunció Melillanca.

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Alerta

Tanto en la prensa escrita regional, como en las páginas electrónicas especializadas los alemanes concesionarios de más del 50% de los puertos estatales de Chile anuncian que la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), habría autorizado que la concesión que se estreno el año 2000, tendrían la posibilidad de agrandarse o expandirse en 120 metros hacia el norte, en buen chileno tapar el centenario muelle Prat con cemento y asesinar a todo el comercio turístico del casco histórico de nuestra ciudad , que además ha sido catalogado como Patrimonio de la Humanidad.

Es vergonzoso, que producto de estas negociaciones dirigentes sindicales de esa empresa y relacionados con ella, bravuconearan por la prensa que se opondrían a la construcción de Mall Plaza, harían movilizaciones, incluso anunciaron que se acababa la paz social en Valparaíso, cuando en definitiva estaban empujando el acuerdo que con tanta pompa y champán se dio a conocer el viernes recién pasado.

La ley de Modernización Portuaria de Chile promulgada en 1997, es clara y contundente al plantear que solo se extenderá la concesión si el concesionario hace arreglos al lugar físico concesionado, pero es explicita en decir que no se pueden expandir los terrenos portuarios, si no es por una licitación pública, por lo tanto es de ilegalidad absoluta modificar un contrato de concesión realizado hace 11 años , por otra parte los oferentes de la supuesta licitación del “Espigón” verán disminuidas sus posibilidades, ya que producto de las “mejoras” muere cualquier posibilidad de que el frente de atraque Nº 2 sea licitado.

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